miércoles, 16 de junio de 2010

LEY DE MEDIOS: LA CORTE RATIFICÓ SU VIGENCIA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la medida cautelar dictada en Mendoza, que suspendió la aplicación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La causa había sido iniciada por el Diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal) quien cuestionaba el proceso legislativo de aprobación de la nueva norma. Por unanimidad (7 votos a cero), los integrantes de la Corte consideraron que un diputado no tiene legitimación para revisar en sede judicial una votación que perdió en el Congreso.
"Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobierno..., deformaría las atribuciones del Poder Judicial y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares" sostuvieron los supremos en el fallo. Además, expresaron que "una cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilildad".
La plena vigencia de la LEY DE MEDIOS vendrá a democratizar los medios de comunicación y comenzarán a escucharse todas las voces.

domingo, 6 de junio de 2010

CASO HERRERA DE NOBLE: La coherencia de Carrió


MUJER SIN CONVICCIONES
por Horacio Verbitsky
Elisa Carrió consideró vejatorio el secuestro de prendas íntimas de los hijos de Ernestina Herrera de Noble para analizar su ADN y establecer su identidad y “fascismo puro” la ley 26.548 que estableció la validez de ese tipo de pruebas no invasivas. También afirmó que los hijos de la viuda de Noble eran los hijos de todos. Pero en octubre de 2003, Carrió había sido una de las primeras firmantes de un proyecto de declaración de su colega Marcela Bordenave, que defendió la extracción compulsiva de sangre para realizar ese análisis. La Corte Suprema había sostenido que el Estado no podía disponer la extracción compulsiva de sangre de Evelyn Vázquez Ferrá (nacida en la ESMA, pero en el momento del fallo mayor de edad), quien se negaba al análisis por temor a que perjudicara al matrimonio que la había criado. Carrió sostuvo entonces que las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas entre 1976 y 1983 exigían “una búsqueda comprometida de la verdad histórica como paso previo a una reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales”. Además del derecho de los familiares de las víctimas mencionó el de la sociedad a conocer la verdad, que debía prevalecer. En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia ratificó en el caso de Emiliano Matías Prieto y Guillermo Gabriel Prieto que no podían ser forzados a someterse a la extracción sanguínea pero admitió la toma de ADN desprendido del cuerpo, en cabellos, cepillos de dientes o prendas íntimas. El fallo de Cámara en esa causa (“Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros”) fue redactado antes de dejar la justicia por Gabriel Cavallo, quien ahora se opone como abogado a aquello que decidió como juez. Ése criterio fue reproducido por la ley sancionada en noviembre de 2009 como consecuencia de un acuerdo entre el Estado nacional y Abuelas de Plaza de Mayo ante el sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos, al que ahora las Abuelas han recurrido en defensa del Banco, con el asesoramiento del CELS. Carrió, que en 2003 apoyaba la extracción compulsiva, se opone ahora a métodos que según la Corte Suprema son más respetuosos de la intimidad. Los casos no son idénticos. Policarpo Vázquez había anotado a Evelyn como hija propia. En cambio Ernestina Herrera inscribió a Felipe y Marcela como adoptados, aunque ya se ha demostrado en la causa la irregularidad del trámite. Otra diferencia es que Policarpo Vázquez era un suboficial retirado de la Armada y Ernestina Herrera la principal accionista del Grupo Clarín.