lunes, 12 de mayo de 2008

LA REFORMA CONSTITUCIONAL SEGÚN MAURICIO



Antes de adentrarnos en el análisis de las intenciones del Ing. Macri para reformar la Constitución de la Ciudad, vale la pena hacer un poco de memoria para rastrear sus intenciones. El año pasado, en primera vuelta, Macri superó a Daniel Filmus por 45,76% a 23,75%. No obstante la abultada ventaja, hubo una segunda vuelta porque el presidente de Boca (en uso de licencia) no alcanzó la mitad más uno de los votos, como prevé la Constitución porteña para evitar el balotaje. Sin embargo, los macristas afirman que el balotaje no los desvela, aunque reconocen que a partir de la experiencia de 2007 solo cabe concluir que "si hay mucha diferencia en la primera vuelta, deberían acotarse los márgenes, y así evitar un gasto inútil de recursos".
Entonces, hay que eliminar al ballotage o balotaje de la Constitución porteña o asimilarlo al sistema nacional. Mauricio no quiere correr riesgos después del desgaste lógico de cuatro años de gobiernos y así asegurarse la reelección.
Por otra parte, Mauricio y Gabriela consideran al Ente Regulador de Servicios Públicos como "un reducto de burocracia inútil" que le cuesta al Estado porteño más de 16.600.000 pesos anuales. Posee, indican, 300 empleados para "organizar una audiencia pública" y "redactar un par de informes" por año, pese a que la ciudad todavía comparte con la Nación el control de los servicios públicos. Creen conveniente desintegrarlo. Nada más y nada menos que dejar a la Ciudad sin control sobre los Servicios Públicos que se prestan en la Ciudad. Ciertamente, es menester reconocer que todavía existen competencias que son ejercidas por la Nación, pero también es cierto, que la Ciudad debe pelear por el ejercicio pleno de su autonomía y no renunciar a ella disolviendo organismos que han sido creados para defender a los usuarios de los servicios públicos que se prestan en la Ciudad. Por otro lado, no deja de ser llamativo que varios de los servicios que se prestan en la Ciudad son realizados por empresas privadas conducidas por el grupo SOCMA (automotores Plaza S. A.) o por amigos de Franco Macri.
Según la columnista del Diario La Nación, Ángeles Castro, "tras las complicaciones que las medidas cautelares de la justicia porteña llevaron no sólo a la gestión de Macri, sino también a la de Aníbal Ibarra, el borrador de la reforma incluye restringir los artículos 14, 15 y 16, relacionados con los recursos de amparo. Palabras más, palabras menos, las fuentes sostienen que "es inviable que, como la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, los jueces obliguen al gobierno a dar una solución habitacional hasta a un extraterrestre que se instale en una plaza".
La acción de amparo es un medio procesal de protección de los derechos constitucionales, y, como tal, es un elemento que hace a la existencia misma de un derecho fundamental. En dicho sentido se ha expresado el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal en materia de amparo, al sostener que “la acción de amparo es una acción principal. Ni es subsidiaria, ni es heroica, ni es residual ni es de excepción, y sólo cede ante la existencia de un medio exclusivamente judicial, más idóneo, esto es, más expedito y rápido”. La única conclusión posible es que la protección de los derechos fundamentales, no es PRO, y que quienes reclaman ante la Justicia son Extraterrestres.
Aunque, con absoluta sinceridad, lo que más le molesta a Macri son los amparos que han paralizado obras tales como el complejo habitacional y urbanístico que se pretendía construir en la Ciudad Deportiva de Boca, más conocido como Santa María del Plata sin pasar siquiera por la Legislatura y sin realizar el debido estudio de impacto ambiental; o el que impide el funcionamiento del Helipuerto en la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Finalmente, todo el ímpetu reformista se reduce a la intención de eliminar a las Comunas como parte del gobierno porteño, impidiendo la descentralización y desconcentración del Gobierno de la Ciudad, y el involucramiento de todas las fuerzas políticas en los temas barriales que hacen a la vida cotidiana de los vecinos de la Ciudad. Como ya se ha dicho desde aquí, parece que una vez asegurado el sillón de Jefe de Gobierno, Mauricio Macri no quiere compartir el poder del Gobierno de la Ciudad con los vecinos, más todavía cuando se aseguró casi la mitad de la Legislatura, teniendo margen para votar todas las leyes que quiera.
Ante tanta concentración de poder, ¿por qué compartirlo con los vecinos que sean electos por sus vecinos en las comunas? Se debe haber preguntado Macri.En estos días, los equipos PRO en lo referente a las Juntas Comunales sostienen lo siguiente: "Los 105 cargos comunales (siete por cada una de las 15 comunas) implicarán un gasto anual de casi 6.200.000 pesos, que el jefe de gobierno califica de innecesario. Cree que las unidades descentralizadas pueden -como los centros de gestión y participación comunales (CGPC)- ser dirigidas por un solo funcionario".
El número de miembros de las Juntas Comunales quedó establecido en la Constitución porteña, pero fue la Ley 1.777 votada por la Legislatura, incluidos los diputados macristas, la que les adjudicó un sueldo equivalente al 60% del salario de un legislador (aproximadamente $ 8.000 en bruto). Por eso, si se trata de un problema presupuestario basta con la reforma del Artículo de la ley correspondiente, aunque no podemos menos que tildar de falaz dicho argumento, porque de esa misma manera podemos concluir que el gasto en sueldos del Poder Legislativo resulta innecesario y que por ello la solución sería cerrar la Legislatura.
En el PRO también sostienen que: "si las juntas resultan integradas por distintas fuerzas políticas, la toma de decisiones terminará bastardeada por intereses partidarios y complicará, en lugar de hacer más expeditivas, las soluciones para los problemas cotidianos de la gente".
Este último argumento pone al desnudo el pensamiento vivo del macrismo, no quieren la participación de los distintos sectores políticos en el gobierno de los barrios, quieren que haya un delegado del Jefe de Gobierno y no una Junta que represente a los vecinos. Es que el Gobierno PRO va por la máxima concentración del poder y pretende destruir todo lo que sea participación popular y sus instituciones, como lo son las cooperadoras de las escuelas y los centros culturales.
No podía ser de otra manera, cada vez que un gobernante asume sus funciones intenta moldear las instituciones a su antojo y busca la manera de perpetuarse en el poder, Mauricio no es la excepción.
La reforma constitucional según Mauricio consiste en recortar todo instrumento de participación popular, de control de gestión y de democratización de las instituciones porteñas.